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“En Nicaragua ha habido un Apartheid”

Si bien es cierto que el Apartheid Sudafricano se constituyó como un modelo socio político centrado en la discriminación racial-biológica, este sistema represivo y de exterminio no se pudo dar sin un Estado que asumieran de manera determinante la “supremacía blanca” como la centralidad del poder a defender.

Guardando las distancias sociales e históricas con la lejana Sudáfrica, para la defensora de derechos humanos y Directora Ejecutiva del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Juanita Jiménez, en la Nicaragua actual la represión del Régimen Ortega-Murillo podría ser el resultado de las bases que desencadenaron uno de los modelos represivos más criminales del siglo pasado.

Nos encontramos a pocas cuadras del Reparto el Carmen, lugar donde cientos de policías altamente armados resguardan cuadra por cuadra los alrededores de la casa desde la que Ortega y su esposa dirigen el país. Para Jiménez, originaria de Masaya, esto pareciera ser lo de menos. Mientras la espero en su oficina habla por teléfono y responde al verme, “disculpame, ya entenderás todas las labores que tengo”.

El acelerado deterioro de los derechos humanos ha puestos los ojos del mundo sobre Nicaragua, el país desde abril pareciera ser una Caja de Pandora a la que todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional quieren acercarse. “Estamos en una etapa dura de criminalización de la protesta social y una crisis grave de los derechos humanos”. Jiménez explica que la respuesta represiva del gobierno es el resultado de “un proceso acelerado de destrucción” de la frágil institucionalidad nicaragüense.

Los antecedentes

El pacto de 1998 entre las cúpulas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) son el fundamento sobre el cual hoy opera la represión como expresión política. La constitución de este nuevo acuerdo fue para Jiménez la primera alerta, ya que “se rompió el balance en el sistema democrático; que implicaba un balance entre gobernantes y gobernados”.

A 20 años de este momento, para esta feminista las mujeres fueron las víctimas primarias de la violencia machista e impunidad como política de Estado. Durante todo este tiempo aquel poder bicéfalo fue mutando y transformándose en una expresión monolítica, en la que el FSLN hoy controla cada institución del Estado y su aliado ha quedado relegado a las decisiones de los Ortega-Murillo.

El origen de la radicalización

Las protestas ciudadanas iniciadas en abril han desencadenado que las expresiones represivas hayan desarrollado una mayor radicalización y sofisticación. Para Jiménez las violaciones a los derechos humanos en la actualidad varían entre institucionales y no institucionales, dichas categorías no se distancian, sino que conforman una política de Estado Genocida.

La lista de estos crímenes de Estado según Jiménez pueden ser variados, pero poseen una lógica conductual.

Por un lado existe una persecución y neutralización de los liderazgos políticos opositores a través de amenazas y asedio de sus familias; criminalización o juicios sin garantías legales, y la estigmatización sistemática por parte de los medios de comunicación oficialistas que fomentan campañas de odio contra opositores.

En el otro extremo del modelo represor se encuentran los Delitos de Lesa Humanidad contemplados en el Art. 484 como: “Quien, con el propósito de destruir total o parcialmente a un determinado grupo de personas, por razón de su nacionalidad, grupo étnico o raza, creencia religiosa o ideología política, realice algunos de los siguientes actos: a) Causar la muerte a uno o más miembros del grupo; b) Lesionar gravemente la integridad física o psíquica, o atentar contra la libertad, o integridad sexual de uno o más miembros del grupo; c) Someter a uno o más miembros del grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, total o parcial; d) Llevar a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros (…)”

Dichos delitos de Estado han sido recogidos en los diferentes informes realizados por los organismos de DDHH, donde con testimonios de familiares, victimas e informes de Medicina Legal, se registra un patrón criminal por grupos armados irregulares ó parapoliciales.

Segmentación política

Sobre esto Jiménez analiza que para llevar a acabo esta regularidad el régimen ha estructurado “una segmentación política”, donde se impuso un modelo partidario de exclusión del adversario. Dicha caracterización se asemeja a lo que nuestra constitución política establece en su Art. 487 como “Apartheid”:

“Quién, cometa contra una persona acto inhumano con la intención de mantener un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales (…)”  

Sin embargo dicha argumentación jurídica no logra englobar fielmente lo que ocurre en el país, puesto que no es sobre un “grupo racial” que se han cometido estos delitos, como sí lo fue en Sudáfrica.

Ante esto la jurista abre una polémica interrogante, “(…) el Apartheid tiene más de cara a lo racial, pero si podemos abonar más en ese análisis, te das cuenta que unos grupos que están estructurados en este país alrededor del gobierno, que creen en nombre de ese grupo, tienen el poder de atropellar al resto.

Entonces aquí ha habido segregación poblacional, que pudiéramos argumentar desde Nicaragua: que aquí ha habido un Apartheid”.  


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