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La lucha por la búsqueda de la justicia internacional

¿Es la justicia internacional una alternativa? A pesar de que las cifras del gobierno apuntan a 198 muertes durante las jornadas de protestas, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales han documentado más de 400 fallecidos, en los que más del 90% han sido asesinatos extrajudiciales perpetrados por la Policía Nacional o fuerzas paramilitares afines al gobierno contra manifestantes opositores.

Más allá de la disputa por establecer una cifra creíble, el deterioro de las instituciones de justicia por la partidirización del Estado dificulta poder llevar acabo una investigación que genere confianza para los familiares de las víctimas.

En el 2008 Teresa Gruber tenía 17 años. En aquel entonces, junto a un grupo de 30 universitarios, Gruber fue agredida por participar en una manifestación pacifica en contra del cerco mediático que empezaba a imponer Ortega. Ahora, 10 años después, Teresa es una politóloga especializada en Derechos Humanos de la Universidad de Viena.

La buscamos para tener su opinión sobre el peso que pueden tener las comisiones de la ONU, OEA y Amnistía Internacional que han visitado el país recientemente. Aquí lo que nos dijo:

¿Qué validez pueden tener estos informes en una demanda internacional contra la pareja presidencial por crímenes de lesa humanidad?

Estos informes son vitales en el sentido en que han documentado lo que está ocurriendo en Nicaragua y han recolectado pruebas que corroboran la violación sistemática de derechos humanos.

Aunque los informes de Amnistía Internacional, la Misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no mencionan explícitamente crímenes de lesa humanidad,  brindan pruebas que facilitarán argumentar, en caso de una demanda internacional, que en Nicaragua se han cometido este tipo de crímenes.

Específicamente estos no solo han documentado graves violaciones de derechos humanos, sino que han demostrado que dichas violaciones han sido amparadas por una policía, y sus parapoliciales, que puede actuar con completa impunidad, con juzgados y jueces cómplices.

Los informes son centrales para demostrar que estas violaciones de derechos humanos han sido sistemáticas y con el pleno conocimiento y protagonismo del Estado y por lo tanto se deben llamar por lo que son: crímenes de lesa humanidad.

El Estado de Nicaragua no está adscrito al Estatuto de Roma: ¿Cuál sería el mecanismo (o proceso) para acceder a la justicia internacional?

A como implica la pregunta, Nicaragua no está adscrito al Estatuto de Roma y por lo tanto la CPI no tiene jurisdicción en Nicaragua. Una solución a este “pequeño detalle” muchos/as juristas la ven en la aplicación de lo que se llama jurisdicción universal. Es un principio, incluso reconocido en nuestro código penal y en los sistemas legales de la mayoría de países, que permite acusar y procesar a individuos responsables de delitos “contra el orden internacional”, como lo son los crímenes de lesa humanidad, en cualquier lugar del mundo.

A como expliqué antes, los informes de las diferentes organizaciones serán vitales para establecer que hubo crímenes de lesa humanidad. En teoría Ortega-Murillo y sus cómplices podrían ser acusados y procesados en un tribunal nacional de otro país. Esto ha pasado en varios casos de dictadores como Ríos Montt, de Guatemala, procesado en España, e Hissène Habré, del Chad, que fue condenado por crímenes de lesa humanidad en Senegal. Pero eso fue hasta que ambos criminales habían dejado el poder. Es por esto que digo que un proceso judicial en el extranjero contra de Ortega, Murillo y cómplices no es una solución a la actual crisis de derechos humanos.

¿Qué escenarios creés se avecinan para los Ortega Murillo de ser procesados por un tribunal internacional?

Aunque las expectativas de acceder a un tribunal internacional son limitadas, no podemos olvidar los mecanismos regionales de protección de derechos humanos. Una opción es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de individuos o grupos de personas que sufrieron violaciones a sus derechos, presente un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones sí son vinculantes para Nicaragua.

No hay que ser ingenuos: la Corte no puede condenar a individuos, solo a Estados. Además, los Ortega-Murillo no van a dejar de ser asesinos y criminales de un día al otro y de repente decidir implementar una decisión de la Corte, cuando han ignorado las recomendaciones que han recibió hasta la fecha y ni han implementado las decisiones pasadas de la Corte. Sin embargo, teniendo una decisión de la corte, la OEA y sus Estados miembros tienen una herramienta adicional para presionar al Estado de Nicaragua y, por ejemplo, emitir sanciones políticas o de comercio en contra del mismo.

Sé que todo esto no suena tan alentador. Pero los esfuerzos ante organizaciones internacionales sí tienen sus frutos y deben seguir siendo impulsados, pues hacen que la situación en Nicaragua no se restrinja a ser un asunto interno sino un problema de la comunidad internacional. Los esfuerzos del régimen de ignorar o no reconocer la validez de la opinión de la comunidad internacional y mecanismos de derechos humanos son ilusos porque Nicaragua no es un Estado que está desconectado o aislado del resto del mundo.

Los informes de las organizaciones de derechos humanos nacionales a internacionales, al igual que resoluciones y declaraciones no vinculantes de organizaciones internacionales, le están dando a la OEA, las Naciones Unidas y a la Unión Europea el “empujón” para implementar sanciones en contra del régimen, que finalmente ojalá lo obligarán a desistir de la represión y permitir un proceso de democratización en Nicaragua.


Colaboración anónima. Fotografía de Álvaro Cantillano.

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