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Abortar en América Latina: México y el Caribe

En el territorio latinoamericano el 97 por ciento de las personas en edad reproductiva viven en países en donde la ley de aborto es altamente restrictiva.

Gracias a una nota en colectivo con varios medios independientes de la región, podemos enterarnos sobre el contexto de cada país en torno a la legalización y despenalización del aborto. 

México

Las mujeres continúan enfrentando obstáculos para el acceso a servicios de aborto y criminalización. A pesar de que existe la norma NOM-46, que permite que las víctimas de violación sexual en todo el país accedan a los servicios de interrupción legal del embarazo, hay entidades que siguen criminalizando a las mujeres y por ende se ven forzadas a trasladarse a la Ciudad de México, en caso de contar con los recursos.

En 29 estados no se penaliza a las mujeres si el aborto se produjo de manera “imprudencial”; en 23 se permite el aborto si la vida de la mujer se pone en riesgo. 16 estados permiten la interrupción del embarazo cuando el producto presenta alteraciones congénitas o genéticas graves; en 15, cuando el embarazo es resultado de inseminación artificial, y sólo en dos estados, Michoacán y Yucatán, se permite la interrupción legal del embarazo por razones económicas.

Foto: Aborto Legal Costa Rica

Pero el hecho de que se permita en algunos estados por causas específicas no significa que sea seguro o que existan clínicas seguras y gratuitas. Quienes se benefician de las restricciones legales son las clínicas privadas a las que no pueden acudir todas las mujeres.

Organizaciones de la sociedad civil, con base en datos del Consejo Nacional de Población, aseguran que en la clandestinidad se realizan entre 750 mil y un millón de abortos anualmente, lo que refleja que ocho de cada 10 mujeres no tienen acceso a una interrupción segura y legal.

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El aborto inseguro continúa siendo la cuarta causa de muerte materna en el país. Según la base de datos de la Dirección General de Epidemiología, en 2018 la tasa de mortalidad materna en México fue de 30.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos, siendo el aborto, con 8.7 por ciento, el causante del deceso. Se registraron 667 muertes maternas, de las cuales, 58 se relacionan con el aborto inseguro. Esto significa que nueve de cada 100 mujeres fallecieron por aborto.

Las mujeres en México continúan siendo criminalizadas por el delito de aborto, en ocasiones con penas de prisión. La mayoría de las entidades federativas contemplan penas privativas de libertad de 15 días hasta 6 años. Sólo son tres los que no consideran este tipo de penas: Chiapas, Michoacán y Veracruz.

Puerto Rico

El aborto es legal desde 1973, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó en el caso Roe v. Wade que cualquier ley que prohiba a las mujeres realizarse un aborto es inconstitucional. Como Puerto Rico es una colonia, las decisiones del Supremo estadounidense aplican a la isla. Las niñas y adolescentes también pueden realizarse abortos sin el consentimiento de sus padres o tutores.

La lucha de organizaciones y activistas busca ampliar el acceso a este derecho y defenderlo ante intentos políticos y de grupos religiosos fundamentalistas de limitarlo. Actualmente, solo hay seis clínicas que practican abortos y la mayoría están concentradas el área metropolitana, lo que dificulta el acceso de residentes en otras islas que son parte de Puerto Rico y de zonas distantes.

Crédito foto: Ana María Abruña Reyes / todaspr.com

En mayo de 2018 una senadora presentó un proyecto de ley que establecía que menores de 18 años debían acudir a un tribunal y pedir permiso para abortar si no contaban con el consentimiento de sus padres o tutores. También imponía nuevas restricciones a las clínicas y médicos que practican el procedimiento, que hasta la fecha ha probado ser seguro.

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El proyecto fue aprobado el 14 de marzo de 2019 pero fue vetado por el entonces gobernador, Ricardo Rosselló. Aún así, la Cámara de Representantes votó para ir por encima del veto del gobernador y el Senado ha considerado hacer lo mismo, (aún falta el voto de un senador o senadora para conseguirlo).

República Dominicana

Es uno de los seis países de la región que prohíbe el aborto aún en casos de violación. El país tiene una tasa de mortalidad materna más alta que el promedio regional. Al menos el ocho por ciento de las muertes maternas en el país se atribuyen a complicaciones por aborto espontáneo o aborto, de acuerdo a datos publicados en un informe de Human Rights Watch.

Según un informe de 2015 del Ministerio de Salud Pública, la tasa de mortalidad materna fue de 96.8 por 100,000 nacidos vivos en 2014. Al menos 96 mujeres murieron por tales complicaciones entre 2010 y 2015 pero es sabido que existe un enorme subregistro.

Foto: Orlando Barria / EFE

Según el Ministerio de Salud Pública, cada año se estima que hay 25.000 hospitalizaciones por aborto o aborto espontáneo en el sistema de salud pública, muchas son mujeres que necesitan atención después de un aborto inseguro.

En 2017 el Senado volvió a aprobar un Código Penal con criminalización total del aborto, rechazando los cambios solicitados en la observación del Ejecutivo en 2016. El Senado envió el Código Penal propuesto a la Cámara de Diputados y Diputadas, donde fue rechazado. A partir de octubre de 2018 la criminalización en todas las circunstancias se mantuvo vigente.

Cuba

En 1965 Cuba despenalizó el aborto o interrupción voluntaria de embarazo y se empezó a realizar el procedimiento, de forma legal, en los centros hospitalarios. La decisión, con amplio apoyo popular desde entonces y hasta la fecha, se debió a la alta incidencia de muertes maternas por prácticas caseras.

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No hace falta dar razones para abortar hasta cumplidas las diez o doce semanas de embarazo. Posteriormente, solo se realiza en casos médicamente comprometidos y antes de las 22 semanas.

Desde 1979 y a través del Código Penal, sí está criminalizada la interrupción del embarazo de forma ilegal, es decir fuera de las instituciones de salud pública. Para acceder a la práctica médica, las niñas y adolescentes menores de 18 deben ir acompañadas de padre y madre, y con consentimiento informado y firmado.

La política de salud estatal también está compuesta por programas y estrategias educativas y de prevención para incrementar la educación y salud sexual y reproductiva, como forma de disminuir la incidencia del aborto.

En 1968 se empezaron a registrar las primeras cifras oficiales. Según la última Encuesta Nacional de Fecundidad de 2009, realizada a una población entre 15 y 54 años, el 21,2 por ciento de las mujeres encuestadas recurrieron a la interrupción voluntaria al menos una vez en sus vidas. En la actualidad, los datos sobre la cantidad de abortos, son imprecisos y muy segmentados porque no filtran entre los voluntarios y los espontáneos.

El acceso al aborto es gratuito y universal, con personal altamente calificado. Cuando la gestante tiene menos de seis semanas se realiza la regulación menstrual. Tiene pocas complicaciones y no necesita anestesia. Desde las siete y hasta las doce semanas, la interrupción es en el hospital y exige varios análisis complementarios. 


En el Día de Acción Global por el aborto legal (28S) un equipo de medios de la región (Agencia Ocote, Alharaca, Anfibia, Cosecha Roja, Contra corriente, El Desconcierto, El Pacifista, El Surtidor, LATFEM, Marcha, Muy Waso, NODAL, Onda local, Prensa Libre, Revista Alma Mater, Revista la Brújula, Pro Davinci, Todas, Wambra Medio Digital Comunitario) y periodistas feministas se unieron para aportar evidencias y actualizar las proyecciones de cara a la despenalización y legalización en 20 países.

Este trabajo fue realizado por la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe y coordinado por Anfibia y LATFEM.

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