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Abortar en América Latina: La situación en el Sur

Esta es la última entrega de esta nota en colectivo realizada con la intención de poner en evidencia la situación de las mujeres en América Latina con respecto al aborto.

Argentina

Desde 1921 la interrupción del embarazo es legal bajo el sistema de causales. En los hospitales públicos argentinos se registraron 45.968 internaciones por complicaciones de abortos, según las cifras de 2015 de la Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS) de la Secretaría de Salud de la Nación.

En 7.280 egresos la paciente tenía de 15 a 19 años. Ese año hubo 108.912 nacidos vivos de adolescentes que se convirtieron en madres. Las estimaciones oficiales dicen que se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir 1.300 por día. Por año se calcula que la cifra oscila entre 370.000 y 520.000. 

Foto: Prachatai

Desde 1985 hasta 2016 al menos 3.040 mujeres murieron por abortos practicados en condiciones de riesgo en Argentina, según datos oficiales y públicos de la Secretaría de Salud de la Nación. En 2017 hubo 30 muertes por aborto registradas.

En 2018 por primera vez se discutió en el Congreso el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El 28 de mayo de 2019 el proyecto se presentó por octava vez.

Bolivia

El aborto está prohibido: se castiga con penas de hasta seis años de cárcel. Sólo está permitido cuando el embarazo es producto de una violación, cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando se detectan malformaciones fetales o cuando la gestante es niña o adolescente. En estos casos, debe ser practicado por un médico y tener autorización judicial.

Es la tercera causa de muerte materna en Bolivia, de acuerdo con el Estudio Nacional de Mortalidad Materna 2011. Según cifras del Ministerio de Salud, en 2017 115 mujeres llegaron al Sistema Nacional de Salud con complicaciones por abortos inseguros.

Foto: Freddy Barragán / Página Siete

Como está penalizado, no existe un registro específico legal. Las activistas bolivianas calculan que anualmente se hacen en el país 80.000 abortos, realizados en su mayoría en condiciones inseguras.

El panorama en cuanto a la legislación boliviana sobre el aborto es incierto. En octubre se celebrarán las elecciones nacionales y las posturas sobre el tema de los principales partidos no son claras.

Brasil

El aborto en Brasil está despenalizado en los casos de violación, anencefalia del feto y cuando peligra la vida de la persona gestante. Puede ocurrir hasta la semana 22 y mientras el feto pese menos de medio kilo.

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Sin embargo, está penalizado bajo otras circunstancias con 1 a 3 años de prisión de acuerdo con el Código Penal de 1940. El único proyecto de legalización se presentó en 2015 por el entonces diputado Jean Wyllys, quien renunció durante el primer mes del mandato de Jair Bolsonaro denunciando persecución política y amenazas a su vida.

En un país con casi 210 millones de habitantes la penalización sobre el aborto y los riesgos de la clandestinidad arrojan cifras a gran escala: en Brasil se realiza un aborto por minuto, y el 60 por ciento de quienes lo hacen son personas de entre 18 y 29 años. Y lo más preocupante: muere una mujer por complicaciones en abortos clandestinos cada dos horas. 

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

El panorama no es optimista bajo el gobierno de Bolsonaro, un mandatario abiertamente en contra del avance en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Incluso pretende instaurar el comienzo de la vida en la concepción mediante propuestas de enmiendas constitucionales. Si bien los intentos no prosperaron, la misma ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos Damaraes Alves -pastora- apoyó aquella creencia. 

Chile

La Ley modifica el Código Penal y el Código Sanitario para que la interrupción del embarazo se garantice cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo, cuando el feto no tenga posibilidades de sobrevivir fuera del útero y/o cuando el embarazo sea producto de una violación.

En agosto del 2018, las diputadas de la oposición presentaron en la Cámara Baja un segundo proyecto elaborado por la Mesa de Acción por el Aborto Libre y Corporación Humanas. El objetivo, despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Desde el gobierno de Sebastián Piñera sentaron postura: “No es agenda del ejecutivo”. 

En la práctica la ley de aborto tres causales ha estado llena de barreras. Los profesionales e instituciones de la salud han utilizado argumentos de “objeción de conciencia” para negar el derecho a acceder al procedimiento, incluso en situaciones de riesgo de vida de la madre o embarazos de niñas producto de violación.

Foto: REUTERS

A fines de 2018 una niña de 12 años de Chiloé resultó embarazada luego de ser víctima de una agresión sexual. Los médicos se negaron a atenderla por ser objetores de conciencia y tuvo que viajar a Santiago.

Así fue también la experiencia de Fernanda Sandoval, una mujer de 25 años que denunció al Hospital de Quilpué por haberle negado un aborto por la segunda causal, la de inviabilidad fetal. 

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Según cifras de la Mesa de Acción por el Aborto, el número de interrupciones voluntarias oscila entre los 80 mil y 260 mil casos anuales: sólo un tres por ciento de los procedimientos se deben a ley de aborto tres causales. La mayoría de los abortos siguen siendo clandestinos.

Colombia

La sentencia C355 de 2006 otorga el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: cuando el feto presenta malformaciones o su vida es inviable, cuando la vida de la mujer se pone en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación sexual, de incesto o inseminación artificial no consentida. 

Esta decisión judicial no sólo despenalizó el aborto en ciertas circunstancias. También reconoció que quienes lo requieran tienen derecho a solicitar al sistema público de salud que le practiquen una interrupción voluntaria del embarazo.

Foto: Viejas Verdes

La senadora María del Rosario Guerra del derechista partido Centro Democrático presentó un proyecto para ampliar la objeción de conciencia en julio: habilita a instituciones completas o colectivos por medio de su representante legal se declaren objetores de conciencia y centros médicos enteros se nieguen a realizar abortos.

De acuerdo a la información publicada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2018, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. 

Ecuador

Existen tres causales de aborto legal: cuando está en riesgo la vida, salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de la violación a una mujer con discapacidad mental. Estas causales están presentes en el Código Penal desde 1938, con mínimas modificaciones.

En 2017 se discutió una reforma al artículo 150 del Aborto No Punible para incluir nuevas causales: violación, incesto y malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. El 17 de septiembre de 2019 la Asamblea Nacional votó la reforma (65 a favor, 59 en contra) pero no pudo aprobarla: faltaron cinco votos. 

Cada año 21.939 mujeres llegan a un hospital o centro de salud para ser atendidas por un aborto (espontáneo, médico, otro o no especificado) según el  Anuario de Estadísticas de Salud: Camas y Egresos Hospitalarios (ESCEH) del Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC.

Foto: @AbortoLibreEc

El 42 por ciento (9.309) son niñas, adolescentes y jóvenes menores de 24 años. En 2017 estos abortos sumaron 19.737, ubicándose como la segunda causa de morbilidad femenina, incluso por encima de la neumonía o gastroenteritis. Las organizaciones de mujeres y derechos humanos han denunciado que las mujeres criminalizadas por aborto en Ecuador tienen rostro: son afrodescendientes, indígenas, todas empobrecidas.

Uruguay

La práctica de aborto es legal, mediada por el sistema nacional integrado de salud, hasta las 12 semanas de gestación por voluntad propia de la mujer o persona gestante y hasta las 14 semanas por violación. Por fuera de esos plazos y del sistema sanitario, el aborto sigue siendo un delito en el Código Penal (art. 325 y 325 bis).

Las migrantes deben tener un año de residencia legal para solicitar IVE. Si sufrieron un hecho de violencia que derivó en un embarazo no deseado la ley integral contra la violencia basada en género (19.580) de 2017 autoriza el acceso a IVE “cualquiera sea su nacionalidad y aunque no haya alcanzado el año de residencia en el país, siempre que los hechos de violencia hayan ocurrido en el territorio nacional”.

Al solicitar un aborto, la usuaria debe pasar por un equipo interdisciplinario que evalúa las razones de la IVE y debe cumplir “5 días de reflexión”. Tras ese plazo, el 94 por ciento ha ratificado la decisión. A la paciente se le suele recetar misoprostol para que el aborto se realice en la casa y debe volver al sistema a controlar que el procedimiento haya salido bien, sino se realiza un legrado. Esta crónica refleja parte del engorroso proceso.

La objeción de conciencia es la principal barrera para acceder a una IVE. Desde que se aprobó la ley, dos mujeres murieron en abortos clandestinos: una en 2013 cuando recién se instalaban los servicios legales y otra en 2016 (al consultar ya tenía 13 semanas de gestación; abortó en clandestinidad, sufrió una infección generalizada y murió). Tres mujeres fueron procesadas por abortar en clandestinidad.

Paraguay

Salvo que la vida de la mujer corra riesgo, el aborto está prohibido por ley en Paraguay con penas de entre cinco a ocho años de cárcel. En el estudio “Cálculo de la magnitud del aborto inducido en el Paraguay” publicado este año se estima que se producen entre 20 mil y 30 mil abortos inducidos anualmente.

Los datos surgen de registros oficiales y otras estadísticas. Según el Ministerio de Salud, en 2016 se registraron 7402 egresos hospitalarios por aborto, pero la cifra no distingue entre espontáneos o inducidos. 

Foto: EFE

De acuerdo al Centro de Documentación y Estudios, en 2018 el Ministerio Público abrió 45 expedientes por aborto, 20 por ciento menos que el año anterior. Aunque por lo general se dan medidas alternativas a la prisión, según datos del Ministerio de Justicia, tres personas estaban privadas de su libertad en 2018: una mujer y dos varones. 

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud, en 2017 se registraron 78 muertes maternas en hospitales públicos. De esas, 10 fueron por aborto, la tercera causa de muerte materna. Desde 2008 hasta 2017, 214 mujeres murieron por causas relacionadas al aborto.

Perú

El único tipo de aborto legal es el terapéutico y está previsto cuando la vida o la salud de la gestante está en riesgo. Si bien la norma rige desde hace 90 años, recién en 2014 el Estado aprobó la guía técnica para su aplicación. Desde entonces, solo 11 niñas han accedido a este procedimiento. 

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El artículo 30 de la Ley General de Salud obliga al personal médico a denunciar penalmente a los pacientes que llegan a sala de emergencias con “indicios de aborto criminal”, y aunque algunos profesionales de la salud no están de acuerdo con la norma y suprimen sus historias clínicas, temen ser acusados de encubrimiento o complicidad de un delito, sobre todo si la víctima fallece. 

Según la fiscalía, cada año se reciben entre 900 a 1.000 denuncias por aborto en todo el país, una cifra inferior a los casos atendidos en los hospitales públicos: solo entre los años 2012 y 2018, unas 424.570 mujeres, niñas y adolescentes fueron atendidas por este motivo. Es decir, unos 60 mil abortos cada año. 

Foto: Miguel Bellido/El Comercio

Asimismo, 19.829 niñas y adolescentes llegaron al hospital por secuelas de abortos; 3.089 de ellas tenían entre 10 y 14 años. Entre las principales causas directas de muertes maternas en adolescentes se encuentra el aborto (29%).

Venezuela

El aborto no está despenalizado, mucho menos legalizado. La Ley que prohíbe la práctica es ambigua al respecto. Con la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal en 2012 solo se hace referencia al aborto en el artículo 269 sobre la “obligación de denunciar” a los y las profesionales de la salud involucrados en un aborto.

Antes de 2012, la legislación castigaba con prisión de seis meses a dos años a las mujeres que abortaban y quien las asistiese podía recibir doce a treinta meses de cárcel. Solo se permitía el aborto si la vida de la madre corría peligro. 

Foto: @RedAbortoSeguro

En 2016 murieron 756 mujeres embarazadas, 65,79 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, se desconoce cuánto de ese porcentaje falleció por practicarse un aborto inseguro. 

En agosto 2018, cuatro ONG venezolanas realizaron un trabajo de campo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entrevistaron a profesionales de la salud en tres maternidades del país y encontraron que se habían registrado 340 abortos en solo un mes. 


En el Día de Acción Global por el aborto legal (28S) un equipo de medios de la región (Agencia OcoteAlharacaAnfibiaCosecha Roja, Contra corriente, El Desconcierto, El Pacifista, El SurtidorLATFEMMarchaMuy WasoNODALOnda local, Prensa LibreRevista Alma Mater, Revista la Brújula, Pro DavinciTodasWambra Medio Digital Comunitario) y periodistas feministas se unieron para aportar evidencias y actualizar las proyecciones de cara a la despenalización y legalización en 20 países.

Este trabajo fue realizado por la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe y coordinado por Anfibia y LATFEM.

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