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Abortar en América Latina: Centroamérica

Un pañuelo verde recorre América Latina: la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito une a la región.

Esta es la primera entrega de una nota colectiva, a propósito del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El Salvador 

Desde 1998 está penalizado totalmente el aborto. Está prohibido aún en casos en los que la vida de la madre está en peligro. 

La ley considera como delito de aborto toda interrupción del embarazo, premeditada consentida o no, hasta la semana 20 de gestación.

Después ya no se habla de aborto, sino de homicidio agravado: el delito con la pena de prisión más alta del Código Penal salvadoreño, de 30 a 50 años.

Foto: Anita Pouchard Serra

Desde 1998 147 mujeres han sido acusadas y procesadas por aborto u homicidio.

En la actualidad, según datos de la Fiscalía General de la República, hay dos mujeres condenadas por el delito de aborto y 16 mujeres privadas de libertad, que alegan haber sufrido un parto extrahospitalario y/o emergencia obstétrica, con penas de hasta 40 años. 

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La última cifra oficial publicada en la Encuesta Nacional de Salud Familiar (2008) señaló que entre 2005 y 2008 hubo 19.290 abortos. Más de una cuarta parte de las mujeres que abortaron tenían menos de 18 años. 

Un dato importante dentro de las muertes maternas es que el suicido es la principal causa entre las defunciones de adolescentes embarazadas. Para quitarse la vida, la mayoría ingiere veneno tipo pesticidas y para ratas.

Guatemala

El aborto está registrado en el Código Penal como un delito. El único aborto que no es considerado actualmente punible es el terapéutico (el que se practica cuando la vida de una mujer está en riesgo), siempre y cuando dos doctores lo diagnostiquen.

Sin embargo, personas que trabajan en organizaciones dedicadas a la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos y especialistas médicos aseguran que la mayoría de ginecólogos se niegan a practicar los abortos debido a sus creencias personales.

Foto: Cristina Chiquín

Aunque extraoficialmente se manejan algunas cifras y proyecciones, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no guarda un registro exacto de cuántas mujeres han fallecido por esta causa. Estas muertes se registran bajo otros diagnósticos, lo que crea un subrregistro que impide entender completamente la magnitud del problema y tomar medidas en base a datos reales.

Actualmente, en el Congreso de la República, está pendiente la aprobación en tercera lectura de la iniciativa de Ley para la Protección de la Vida y la Familia (5272), planteada en 2017 por el diputado conservador Fernando Linares Beltranena.

La iniciativa busca incrementar las penas por aborto en el Código Penal, que aumentarían hasta un máximo 30 años, además de criminalizar los abortos culposos (espontáneos, accidentales) que puedan sufrir las mujeres, con penas de hasta cuatro años de prisión. Varias organizaciones de mujeres realizan campañas en contra de la aprobación de ésta.

Honduras

El aborto es ilegal en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es resultado de una violación.

Estimaciones de las organizaciones de derechos humano señalan que en el país se practican aproximadamente entre 50.000 y 80.000 abortos. 

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Aunque las noticias sobre mujeres sospechosas de haberse practicado un aborto aparecen en las noticias con sus fotografías, nombres e incluso direcciones, datos proporcionados a Human Rights Watch por el Ministerio Público señalan que en los últimos tres años nadie ha sido condenado por aborto, pero siete personas fueron acusadas de tener o practicar abortos y dos fueron detenidas.

Foto: @SomosMuchasHN

De acuerdo al mismo informe más de 30.000 adolescentes de entre 10 y 19 años entran a una sala de parto cada año y solo en 2017 aproximadamente 820 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz en Honduras, según datos de la Secretaría de Salud.

La enorme mayoría de estos embarazos fueron resultado de violaciones realizadas en un contexto donde la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE) tiene una prohibición de su uso, venta y distribución incluso en casos de violencia sexual, además de no tener un protocolo integral para la atención de las víctimas. 

Pese a este panorama, las feministas están organizadas en la campaña “Somos muchas” quienes en 2017 lograron llevar el debate sobre la despenalización del aborto por tres causales al Congreso Nacional, pero 79 de los 128 diputados votaron en contra. 

Nicaragua

La Ley en su artículo 148 y 149 incluye el delito de lesiones física y “psíquica” al que está por nacer y establece pena hasta de 2 a 5 años e inhabilitación en el ejercicio médico hasta de ocho años.  

Con la derogación del Artículo 165 del Código Penal (vigente por más de 100 años), que establecía el aborto terapéutico con el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano de la mujer y la intervención de tres facultativos, se inicia la penalización total del aborto.

Durante la campaña electoral de 2006, los partidos políticos, incluyendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se comprometieron con las agendas pro vida de grupos fundamentalistas. 

Entre 2007 y 2018, tras la penalización, el Anuario Estadístico de la Policía Nacional registra 132 denuncias por aborto, siendo el 2009 el año con más denuncias (29).

El 12 de agosto de 2009 una joven de 21 años fue acusada por la policía de provocarse un aborto. Fue el primer caso judicializado luego de la penalización.

A ello, se suma el aumento de abortos clandestinos que pone en riesgo la vida de las mujeres al realizarse en condiciones de inseguridad.

El Ministerio de Salud  de Nicaragua registra entre 2016 y 2018, 147 muertes maternas. Las principales causas reportadas son por hemorragias, parto y puerperio e hipertensión durante el embarazo.

Sin embargo, según la doctora Ana María Pizarro estas muertes eran evitables. Entre el 2016 y 2018 el MINSA reporta la muerte de nueve mujeres por embarazos terminados en aborto.

Costa Rica 

Durante 2019 el movimiento de mujeres y feministas y diversas instituciones han instado al gobierno de Carlos Alvarado a emitir una norma técnica que clarifique la aplicación del aborto terapéutico.

Según el artículo 121 del Código Penal, que data de 1971, “no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”. La falta de regulación aún impone trabas para su aplicación. 

Foto: Aborto Legal Costa Rica

En enero de este año, en una votación de 27 a favor y 26 en contra, el Congreso aprobó una moción que insta al presidente a no firmar la norma técnica sobre aborto terapéutico.

Aunque es un acto no vinculante, desde el Ejecutivo se comprometieron a regularizar la situación. El ministro de Salud, Daniel Salas, dijo que están tratando de encontrar un “balance” de la interpretación genuina de lo que establece el Código Penal.

“Vamos a hacer todo lo posible para salvar las dos vidas y, si no se puede, pues la mujer sí podría optar por una interrupción del embarazo”, sostuvo.  

La última investigación de la Asociación Demográfica Costarricense (ADC) entre 2007 y 2008 reveló que en el país se practicaban 27.000 abortos inducidos por año: una tasa de 22,3 abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 49 años y 38 abortos por cada cien nacidos vivos.

Es decir, en Costa Rica ocurre en promedio un aborto cada tres nacidos vivos. En Costa Rica no hay datos oficiales de aborto.

Tampoco hay misoprostol, mifepristona ni productos similares. “Se ha desaconsejado porque sino las mujeres lo usarían”, explica Larissa Arroyo Navarrete, abogada especializada en derechos humanos.

La técnica que se utiliza es el legrado, más conocido como raspaje, una intervención que la Organización Mundial de la Salud desaconseja desde 2002 por ser un método invasivo y costoso.

Panamá 

El aborto es ilegal salvo en caso de amenaza a la vida o la salud de la mujer o si el embarazo sea el resultado de una violación.

La discusión para despenalizar y/o legalizar no está en agenda y ni siquiera existe una ley de educación en salud sexual y reproductiva.

En 2016 avanzó un proyecto en la Asamblea (era el resultado de un consenso enorme y un trabajo de consulta largo) y los grupos evangélicos lo frenaron a fuerza de movilizaciones populares.


En el Día de Acción Global por el aborto legal (28S) un equipo de medios de la región (Agencia Ocote, Alharaca, Anfibia, Cosecha Roja, Contra corriente, El Desconcierto, El Pacifista, El Surtidor, LATFEM, Marcha, Muy Waso, NODAL, Onda local, Prensa Libre, Revista Alma Mater, Revista la Brújula, Pro Davinci, Todas, Wambra Medio Digital Comunitario) y periodistas feministas se unieron para aportar evidencias y actualizar las proyecciones de cara a la despenalización y legalización en 20 países.

Este trabajo fue realizado por la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe y coordinado por Anfibia y LATFEM.

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